El abogado Francisco Sánchez asegura que los denunciantes no acuden a la Justicia ya que "no están protegidos".
El letrado del sindicato de clase UGT, Francisco Sánchez, considera necesaria la creación de una Ley Integral para aquellos casos de acoso laboral o "mobbing" y asegura que muchos trabajadores no formulan denuncias ya que "no están protegidos al no existir una figura jurídica que tipifique estos actos como delito". A este respecto, el abogado de CCOO, Aureliano Martín, coincide en que esta figura "debería ser objeto de un tratamiento integral" como la violencia de genero.
"Llegan llorando, con impotencia y en cuanto se les pide nombre y apellidos para formular una denuncia, se echan atrás". Por estos motivos, el abogado de la Unión General de Trabajadores (UGT), Francisco Sánchez, cree necesaria la creación de una Ley Integral similar a la de Violencia de Género mediante la cual se tipifique como delito el acoso laboral, conocido como "mobbing".
Dicho sindicato atiende mensualmente entre cuatro y cinco consultas a este respecto, en su mayoría "trabajadores de empresas privadas o funcionarios pero la dificultad probatoria, el temor a la perdida del empleo y la reiteración en el tiempo para conseguir alguna prueba hace que ninguno se atreva a denunciar al sentirse desprotegidos", aseguró Sánchez, quien apuesta por incluir esta medida en la próxima reforma del Código Penal a través de la Ejecutiva Confederal del Sindicato.
Efectivamente, el acoso laboral o mobbing es un concepto que no esta regulado en España pero si está registrado en la normativa europea, por ello en el territorio nacional se enfoca desde diferentes figuras jurídicas a través de la vía laboral o la contenciosa, dependiendo del daño producido en el trabajador y si tiene derecho o no, a una indemnización por perjuicios morales. Además, esta figura se mezcla con aspectos tratables por el Código Penal que pueden ser delictivos. La jurisprudencia admite que, para que se produzca el acoso laboral, debe existir un deseo de destruir a la persona, además de otros criterios que sirven de indicativos tales como la continuidad en el tiempo con un mínimo de 6 meses, una denuncia por parte del trabajador de manera sistemática ante la Inspección de Trabajo y luego por la vía judicial.
"Es un problema que está disperso al poder tratarse ante la justicia por diferentes vías y debería ser objeto de un tratamiento integral, por ello, todo lo que sea legislar para que el acoso no se produzca, mejor regularlo de alguna forma para saber por donde enfocarlo", añadió Aureliano Martín, abogado de CCOO, en total acuerdo con la propuesta del letrado de UGT.
Noticia extraida de "El Pueblo de Ceuta" 30-11-2009.
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