El sindicato CSI-F hizo ayer entrega a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de un escrito en el que se recoge el “mal estado” del Palacio de Justicia y se pide que se adopten medidas “urgentes” para proteger a los funcionarios y trabajadores de los diferentes órganos judiciales.
Según el sindicato, “el edificio no reúne las más mínimas medidas de seguridad e higiene y ello conlleva un riesgo para los funcionarios que trabajan allí”. Esta afirmación la basan en que “no existe un sistema de evacuación de emergencias”, “los ascensores son insuficientes”, “el hacinamiento es tercermundista”, hay una “clara falta de aireación y ventilación” y “las humedades son patentes (...) siendo el edificio una pecera en días de lluvia”. A todo esto suman que el edificio cuenta con barreras arquitectónicas, que la red eléctrica es “insuficiente”, que las escaleras son “resbaladizas y con alta pendiente”, que parte de los techos “amenazan con desplomarse” y que “el espacio de atención y trabajo es insuficiente”.
Por todo ello solicitan “el traslado de la totalidad de los órganos que componen el edificio judicial a algún otro inmueble que tenga las condiciones para el desarrollo del trabajo que se les atribuye, debiendo ser éste no solo adecuado para la labor actual, sino para la que muy pronto se pretende poner en marcha por el Ministerio de Justicia con la Nueva Oficina Judicial (NOJ)”. También piden que se dé conocimiento a los trabajadores del “mapa de riesgo laboral”, así como que se proceda a “la implantación de medidas” para “evitar el riesgo de los trabajadores y usuarios”.
La situación y el motivo de la denuncia efectuada ahora por CSI-F deriva de una cuestión prioritaria y comparativa que el sindicato deja claro: “Cualquier empresa en esas condiciones habría sido obligada al cierre inmediato por la Administración y, además, habría sido sancionada”.
Además, CSI-F pone de relieve que el edificio no cumple con lo dispuesto en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre que regula la Prevención de Riesgos Laborales.
Carta al órgano competente
El sindicato CSI-F no se ha andado con rodeos y ha acudido directamente al órgano competente en la materia que ellos denuncian. El mal estado del Palacio de Justicia no es algo novedoso, ya que la situación se ha denunciado en múltiples ocasiones, pero resulta un paso hacia el frente el hecho de que desde el sindicato no hayan esperado el más mínimo tiempo para pedir a la Inspección de Trabajo que tome cartas en el asunto. Todo ello ocurre justo cuando está a punto de llegar la NOJ.
Eliminarán la obligatoriedad de los cursos prácticos
El Ministerio por fin ha tenido que reconocer lo que veníamos denunciando y exigiendo una y otra vez desde CCOO desde el primer proceso selectivo que se desarrolló conforme a la nueva LOPJ que entró en vigor en el año 2004 y es que el curso práctico selectivo diseñado por el Ministerio y las CCAA con competencias no ha cumplido el objetivo marcado, antes al contrario, sólo ha servido para: retrasar innecesariamente la finalización y tomas de posesión de los aprobados, aumentar los gastos para los opositores y aumentar los gastos en la organización de los procesos selectivos. CCOO defendió en aquel momento una verdadera formación directa y práctica en el puesto de trabajo, una vez adjudicado éste tras la superación del proceso selectivo correspondiente. Lo que se elimina del artículo 485 de la LOPJ es precisamente la obligatoriedad de la realización del curso práctico en los procesos selectivos. CCOO ha demandado reiteradamente la equiparación de todos los regímenes disciplinarios del personal al servicio de la Administración de Justicia para combatir prácticas discriminatorias y por ello entiende que ahora se deberán negociar esos puntos sentándose la Administración y los sindicatos para alcanzar un acuerdo. Así lo afirmaba en el sindicato en una carta enviada a los medios de comunicación.
Repuesta de CCOO a la secretaria de Gobierno de Justicia
“Que Dios nos coja confesados”
Es la frase que repiten desde CCOO si Ceuta sigue el itinerario de otras ciudades piloto de la NOJ. Según ellos, la implantación en Burgos, Murcia, Cáceres y Ciudad sólo ha traído “colapso y retrasos”. El sindicato denuncia que en esas ciudades “la implantación se ha hecho al margen de los funcionarios, imponiéndoles las cosas”. Alegan que en Cáceres los jueces pidieron un retraso y que en Burgos la situación ha sido calificada como “nefasta”. Por ello animan a la secretaria de Gobierno, Josefa Vilar, a ser objetiva: “Esta reforma es pura ficción”. Se basan en la lentitud de los sistemas informáticos, en la mala formación recibida, en el hacinamiento y en los problemas históricos de la Justicia ceutí para pedir una reflexión. “Nuestras reivindicaciones no deben verse como una actitud de rechazo”, alegan en el escrito.
Carta al órgano competente
El sindicato CSI-F no se ha andado con rodeos y ha acudido directamente al órgano competente en la materia que ellos denuncian. El mal estado del Palacio de Justicia no es algo novedoso, ya que la situación se ha denunciado en múltiples ocasiones, pero resulta un paso hacia el frente el hecho de que desde el sindicato no hayan esperado el más mínimo tiempo para pedir a la Inspección de Trabajo que tome cartas en el asunto. Todo ello ocurre justo cuando está a punto de llegar la NOJ.
Eliminarán la obligatoriedad de los cursos prácticos
El Ministerio por fin ha tenido que reconocer lo que veníamos denunciando y exigiendo una y otra vez desde CCOO desde el primer proceso selectivo que se desarrolló conforme a la nueva LOPJ que entró en vigor en el año 2004 y es que el curso práctico selectivo diseñado por el Ministerio y las CCAA con competencias no ha cumplido el objetivo marcado, antes al contrario, sólo ha servido para: retrasar innecesariamente la finalización y tomas de posesión de los aprobados, aumentar los gastos para los opositores y aumentar los gastos en la organización de los procesos selectivos. CCOO defendió en aquel momento una verdadera formación directa y práctica en el puesto de trabajo, una vez adjudicado éste tras la superación del proceso selectivo correspondiente. Lo que se elimina del artículo 485 de la LOPJ es precisamente la obligatoriedad de la realización del curso práctico en los procesos selectivos. CCOO ha demandado reiteradamente la equiparación de todos los regímenes disciplinarios del personal al servicio de la Administración de Justicia para combatir prácticas discriminatorias y por ello entiende que ahora se deberán negociar esos puntos sentándose la Administración y los sindicatos para alcanzar un acuerdo. Así lo afirmaba en el sindicato en una carta enviada a los medios de comunicación.
Repuesta de CCOO a la secretaria de Gobierno de Justicia
“Que Dios nos coja confesados”
Es la frase que repiten desde CCOO si Ceuta sigue el itinerario de otras ciudades piloto de la NOJ. Según ellos, la implantación en Burgos, Murcia, Cáceres y Ciudad sólo ha traído “colapso y retrasos”. El sindicato denuncia que en esas ciudades “la implantación se ha hecho al margen de los funcionarios, imponiéndoles las cosas”. Alegan que en Cáceres los jueces pidieron un retraso y que en Burgos la situación ha sido calificada como “nefasta”. Por ello animan a la secretaria de Gobierno, Josefa Vilar, a ser objetiva: “Esta reforma es pura ficción”. Se basan en la lentitud de los sistemas informáticos, en la mala formación recibida, en el hacinamiento y en los problemas históricos de la Justicia ceutí para pedir una reflexión. “Nuestras reivindicaciones no deben verse como una actitud de rechazo”, alegan en el escrito.
Noticia extraida de "El Faro de Ceuta", 18-02-2011.
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